Mercado De Créditos De Carbono: Paraguay Consolida Su Marco Regulatorio Y Registra Las Primeras Ventas

Con marco legal definido, registro nacional operativo y proyectos bajo estándares internacionales, el país apunta a capturar primas de calidad en un mercado global cada vez más exigente.

Paraguay está atravesando una etapa decisiva en la estructuración de su mercado nacional de créditos de carbono, en un contexto global donde la integridad ambiental, la trazabilidad y la calidad de los proyectos se han convertido en variables determinantes para atraer capital internacional. Desde la reglamentación del marco legal que regula esta actividad, el país ya registró ventas superiores a USD 10 millones, principalmente provenientes de proyectos desarrollados en la región del Chaco, según informó Víctor González, director de Mercados de Carbono del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La cifra, aún incipiente en términos absolutos frente al volumen potencial del mercado global, representa un punto de partida institucional relevante. Actualmente, Paraguay cuenta con más de 400.000 hectáreas en procesos activos de certificación, destinadas a distintas tipologías de proyectos con potencial de generación de créditos. Dentro de este universo se destaca un hito de escala internacional: un proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) que implica la protección de aproximadamente 180.000 hectáreas de bosque nativo, una dimensión que, según autoridades, no encuentra precedentes en proyectos de conservación de esta magnitud en otros países.

El fortalecimiento del mercado paraguayo se apoya en la reglamentación de la Ley N° 7190/2023, mediante el Decreto N° 3369/2025, emitido el 18 de febrero de 2025 por el Poder Ejecutivo. Esta normativa establece las bases operativas del sistema nacional, define al Mades como autoridad de aplicación y crea las reglas fundamentales para el funcionamiento del Registro Nacional de Créditos de Carbono. El objetivo central es alinear la regulación local con los compromisos internacionales asumidos por Paraguay en materia climática, especialmente en el marco del Acuerdo de París.

Uno de los avances institucionales más relevantes fue la creación del Catastro Nacional de Proyectos de Mitigación, formalizado el 28 de enero de este año como parte integrante del Registro Nacional de Créditos de Carbono. La inscripción en este catastro constituye el primer requisito administrativo obligatorio, de carácter declarativo, para cualquier proyecto de reducción, evitación, captura o absorción de gases de efecto invernadero desarrollado en territorio paraguayo, independientemente del estándar de certificación que adopte. Si bien la inscripción no sustituye los procesos de certificación ante administradoras de estándares internacionales, introduce un componente clave de transparencia y trazabilidad pública que marca un antes y un después en la gobernanza del mercado.

En términos técnicos, los proyectos paraguayos operan bajo estándares internacionales como Verra y certificaciones International Organization for Standardization, lo que permite validar la integridad ambiental de los créditos en mercados internacionales. El Gobierno trabaja además en la homologación oficial de metodologías, un paso estratégico que podría acelerar los tiempos de aprobación, ampliar el reconocimiento internacional y reducir riesgos regulatorios para los inversores.

El contexto internacional refuerza la oportunidad estratégica. El Artículo 6 del Acuerdo de París habilita a los países a cooperar voluntariamente para cumplir sus metas climáticas mediante mecanismos de mercado, especialmente a través del intercambio de ITMOs (Internationally Transferred Mitigation Outcomes) bajo el Artículo 6.2, con reglas de contabilidad diseñadas para evitar la doble contabilización. El mercado comenzó a mostrar señales concretas de consolidación en septiembre de 2025, cuando Singapur anunció la compra de 2,175 millones de ITMOs provenientes de proyectos basados en la naturaleza en Perú, Ghana y Paraguay, marcando una de las primeras transacciones sustanciales bajo este esquema.

Este movimiento se produce en un mercado global que está transitando una etapa de maduración acelerada. El informe “State of Carbon Credits 2025” de Sylvera señala que los precios promedio ponderados en el mercado spot alcanzaron USD 6,10 por crédito en 2025, frente a USD 5,36 en 2024. Sin embargo, este promedio oculta una fuerte dispersión de precios: proyectos ARR (Afforestation, Reforestation and Revegetation) pueden cotizar entre USD 2 y más de USD 50, mientras que los créditos REDD+ muestran variaciones significativas según calidad y co-beneficios. En el mercado forward, particularmente en contratos de offtake vinculados a créditos de remoción duradera (CDR), los valores promedio alcanzan USD 160, reflejando la creciente prima por calidad e integridad.

La calidad se ha convertido en el principal driver de valor. Según el mismo reporte, los créditos mejor calificados experimentan por tercer año consecutivo un déficit de oferta, especialmente aquellos con rating BBB+ o superior, debido a que la demanda supera las nuevas emisiones. Este fenómeno introduce un componente estratégico para países como Paraguay: la posibilidad de posicionarse tempranamente con proyectos de alta integridad ambiental podría traducirse en primas relevantes frente a créditos de menor calidad.

En este escenario, la calificación internacional también juega un rol clave. De acuerdo con la calificadora Silvera, Paraguay se posiciona como el país mejor evaluado de Sudamérica para inversiones en generación de créditos de carbono, por encima de Chile, Brasil y Perú. Esta evaluación refuerza la percepción de riesgo reducido y estabilidad institucional, dos factores críticos para la atracción de capital climático de largo plazo.

La agenda verde del Gobierno fue ratificada en reuniones encabezadas por el presidente Santiago Peña y el ministro del Ambiente, Rolando de Barros, donde se analizaron avances y desafíos del sector. Además del mercado de carbono, la estrategia incluye el fortalecimiento de áreas silvestres protegidas, que abarcan 2,4 millones de hectáreas bajo administración estatal, y la articulación con Itaipú Binacional y Entidad Binacional Yacyretá para impulsar inversiones en energías limpias, incluyendo plantas solares, sistemas fotovoltaicos e iniciativas de hidrógeno verde.

Las proyecciones económicas del sector son significativas. Las estimaciones preliminares indican que los proyectos actualmente en cartera podrían generar ingresos anuales superiores a USD 100 millones, dependiendo de la evolución de los mercados internacionales, la consolidación del Artículo 6 y la coordinación efectiva entre sector público y privado. Los segmentos más dinámicos corresponden a soluciones basadas en la naturaleza, como ganadería y agricultura sostenible, reforestación, forestación y conservación de bosques nativos, aunque también se desarrollan estudios de factibilidad en movilidad sostenible, transporte, gestión de residuos y otras iniciativas ambientales con potencial de generación de créditos.

Para Paraguay, el desafío no radica únicamente en expandir el volumen de proyectos, sino en sostener estándares de integridad que permitan capturar primas de calidad en un mercado cada vez más exigente. La creación del catastro, la reglamentación de la ley y la articulación con mecanismos internacionales colocan al país en una etapa de institucionalización que reduce riesgos reputacionales y mejora la percepción de seguridad jurídica.

En un contexto global donde la reducción de emisiones y la preservación de recursos naturales adquieren creciente relevancia económica y geopolítica, el mercado de carbono se convierte no solo en una herramienta ambiental, sino en un componente estratégico de política económica. Paraguay, con su capital natural y su matriz energética limpia, busca ahora traducir ese activo estructural en una plataforma de negocios verdes capaz de atraer inversión internacional sin comprometer la integridad de sus ecosistemas.