En Paraguay, el proceso de desalojo está regulado por la Ley Nº 1337, específicamente en su Código Procesal Civil. Bajo el Título VII de esta normativa, se establecen las disposiciones y procedimientos a seguir en casos de desalojo, asegurando tanto los derechos del arrendador como del arrendatario o cualquier ocupante precario.
Según el Artículo 621 de esta ley, el desalojo procede contra el locatario, sublocatario o cualquier ocupante precario que tenga la obligación de restituir un inmueble o parte del mismo. La demanda debe presentarse por escrito y el demandado tiene un plazo de seis días para contestarla. En caso de no hacerlo, se considerarán ciertos los hechos expuestos en la demanda y se dictará sentencia sin más trámite, como se establece en el Artículo 622.
Además, el Artículo 632 del Código Procesal Civil establece los efectos de la sentencia frente a terceros en caso de desalojo. El desalojo se hará efectivo contra cualquier ocupante posterior a la iniciación del juicio, si el actor al promoverlo hubiere pedido que se inscriba como litigioso el predio objeto del juicio y que el juez, o el secretario comisionado para el efecto, practique el reconocimiento del predio, dejando constancia de sus ocupantes. Estas diligencias deberán efectuarse dentro del plazo de ocho días contados desde la promoción de la demanda.
Es importante mencionar que, según la modificación introducida por la Ley N° 6979 en el año 2022, el desalojo no procederá cuando la demanda sea dirigida contra ascendientes de la tercera edad o personas con discapacidad cuyo deber legal de prestar alimentos sea atribuible al actor o propietario del inmueble, y el desahucio produzca un estado de vulnerabilidad y abandono grave. Esta situación puede ser probada en cualquier etapa del proceso, no suspendiendo la prosecución del mismo y debiendo resolverla con la sentencia definitiva previo dictamen de la Defensoría Pública.
El proceso de desalojo en Paraguay no es de naturaleza penal, sino civil. Se protege no solo la propiedad del terreno, sino también su tenencia. Para que se produzca un desalojo, es necesario contar con una orden judicial.
En cuanto a la duración de un juicio de desalojo, puede variar dependiendo de si hay oposición por parte del demandado. En ausencia de oposición, el proceso puede durar entre 6 meses y 1 año aproximadamente. Sin embargo, si hay oposición, el juicio puede extenderse de 1 año a incluso más de 20 años dependiendo de la complejidad del caso.
Es importante destacar que si el propietario del inmueble decidiera desalojar al inquilino sin obtener previamente una orden de desalojo emitida por un juez y actuara por cuenta propia, podría acarrear consecuencias legales tanto en el ámbito penal como en el civil.
El Artículo 141 del Código Penal establece que la violación de domicilio consiste en entrar en una morada, local comercial, despacho oficial u otro lugar cerrado sin el consentimiento expreso del que tiene derecho de admisión, o en no retirarse de dichos lugares a pesar del requerimiento del titular del mismo. En caso de ser hallado culpable de este delito, el propietario podría enfrentar una pena privativa de libertad de hasta dos años o una multa, según la gravedad de la situación.
Además, si el propietario actuara conjuntamente con otra persona, abusando gravemente de su función pública o empleando armas o violencia, la pena podría aumentar hasta cinco años de prisión o una multa. Es importante destacar que la persecución penal en estos casos dependerá de la instancia de la víctima, es decir, del arrendatario afectado.
En el ámbito civil, el propietario del inmueble también podría enfrentar un juicio de interdicto, de acuerdo con el Artículo 638 del Código Procesal Civil. Los interdictos son acciones legales que se pueden emprender para adquirir, retener o recuperar la posesión de un bien, o para evitar la realización de una obra nueva sin el consentimiento adecuado.
En resumen, la Ley de Desalojo en Paraguay busca garantizar un proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas, protegiendo los derechos de los arrendadores y arrendatarios, y asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de desalojo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proceso puede llegar a ser lento dependiendo de las complejidades del juicio.