RUN a Seis Meses de su Implementación: Avances y Desafíos de la Integración Registral y Catastral

En entrevista con El Inmobiliario, la Mgtr. Abg. Lourdes González Pereira, gerente superior del Registro Unificado Nacional, analizó los avances de sus primeros seis meses, el procesamiento de cerca de 250.000 trámites inmobiliarios y la hoja de ruta hacia una gestión integrada y digital.

El Registro Unificado Nacional (RUN) atraviesa una etapa decisiva de su implementación. El organismo comenzó a operar el 14 de enero de 2026 con el propósito de integrar bajo una misma autoridad las funciones registrales, catastrales y de agrimensura que durante décadas estuvieron distribuidas entre distintas dependencias del Estado.

Creado por la Ley N.º 7.424/2025 como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, el RUN absorbió las funciones de la Dirección General de los Registros Públicos, la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La reforma supone mucho más que un cambio de denominación. Su objetivo es unificar criterios técnicos, integrar bases de datos y simplificar la gestión de documentos que hasta ahora recorrían circuitos separados. Sin embargo, los primeros seis meses también permitieron dimensionar la complejidad de fusionar instituciones que pertenecían a distintos poderes del Estado y que históricamente trabajaron con sistemas, procedimientos y sedes diferentes.

Una integración todavía en proceso

Uno de los primeros avances fue la conformación de equipos de trabajo bajo una misma conducción institucional. La expectativa es que esta integración permita reducir contradicciones entre la información física del inmueble, administrada por Catastro, y su situación jurídica registral.

Para los usuarios, el cambio más visible fue la habilitación de una mesa de entrada única para los trámites de Catastro y Registro de Inmuebles en la sede de kilómetro 5. Antes de la entrada en vigor del RUN, una misma gestión podía requerir presentaciones sucesivas ante el MOPC, el Servicio Nacional de Catastro y los Registros Públicos.

No obstante, la unificación todavía no alcanza a toda la cadena interna. Parte de las documentaciones continúa pasando primero por la instancia catastral y luego por la registral, aunque el usuario pueda presentarlas en un mismo lugar. Además, las dependencias técnicas siguen funcionando en sedes separadas, lo que obliga a duplicar tareas y dificulta la coordinación cotidiana.

El desafío inmediato consiste en convertir la mesa de entrada única en una gestión verdaderamente integrada: que el usuario presente el documento una sola vez y lo retire una vez concluidas las verificaciones catastral y registral, sin reingresos intermedios.

Casi 250.000 documentos en seis meses

Entre el 14 de enero y el 14 de julio de 2026, la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles recibió 249.924 documentos, según el resumen ejecutivo de servicios del RUN.

De ese total, 221.407 documentos fueron expedidos, equivalentes al 88,59%, mientras que 28.517 permanecían pendientes de trámite, el 11,41%.

La distribución por tipo de servicio muestra que:

• 123.336 entradas correspondieron a servicios registrales, el 49,35% del total.

• 78.493 fueron trámites catastro-registrales, el 31,41%.

• 48.095 correspondieron a servicios exclusivamente catastrales, el 19,24%.

Estas cifras se refieren exclusivamente a la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles y no representan la totalidad de la actividad del RUN, que también comprende los registros especiales y el Registro del Automotor.

Los tiempos siguen siendo el principal reclamo

La celeridad continúa siendo el aspecto más sensible para escribanos, desarrolladores, empresas e inversores.

El artículo 77 de la Ley del RUN establece plazos máximos de 15 días hábiles para certificados e informes; 30 días hábiles para solicitudes de inscripción o anotación de títulos notariales, judiciales o administrativos; y 10 días hábiles para la anotación de medidas cautelares.

Uno de los cambios centrales fue la creación del certificado catastro-registral inmobiliario. Antes del RUN, el notario debía solicitar por separado un certificado catastral y un certificado registral de condiciones de dominio. Catastro no contaba con un plazo legal uniforme de expedición, mientras que el certificado registral tenía un plazo de 10 días corridos.

El nuevo sistema concentra ambas verificaciones en un solo documento, con un plazo máximo de 15 días hábiles. En la práctica, sin embargo, las dificultades técnicas y operativas del periodo inicial elevaron el tiempo de respuesta a entre 20 y 25 días, de acuerdo con la información proporcionada a El Inmobiliario.

También existe preocupación por el plazo aplicable a las inscripciones de títulos. El régimen anterior contemplaba 20 días corridos, mientras que la nueva ley establece hasta 30 días hábiles. La propia normativa faculta a la Corte Suprema de Justicia a reducir esos tiempos mediante acordada, a medida que mejoren las capacidades del sistema.

De la mesa única al expediente electrónico

Durante los próximos meses, la prioridad será incorporar más trámites a un circuito integrado. El propósito es evitar que un documento deba salir formalmente de Catastro para volver a ingresar en el área registral.

El horizonte de mediano plazo es más ambicioso: transformar una gestión inmobiliaria que todavía se realiza mayoritariamente en papel en un sistema electrónico de principio a fin.

La digitalización proyectada no consiste solamente en escanear documentos. El modelo plantea que los escribanos puedan remitir escrituras públicas electrónicas a un portal digital; que la calificación catastral y registral se realice por medios electrónicos; y que la toma de razón y el documento final también sean expedidos en ese formato.

Según las estimaciones suministradas por la institución, alrededor del 90% de la gestión inmobiliaria todavía utiliza documentos físicos. Revertir esa proporción requerirá infraestructura tecnológica, interoperabilidad, adecuaciones normativas y coordinación con otras entidades que generan títulos y documentos, entre ellas el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.

El RUN también deberá integrar bases de datos que fueron construidas con criterios distintos y en momentos diferentes. Esa interoperabilidad será fundamental para mejorar la integridad de la información, reducir discrepancias y avanzar hacia un Código Único de Identificación Catastral Registral para cada inmueble.

Una consolidación proyectada entre tres y cinco años

Las autoridades estiman que la consolidación institucional plena podría demandar entre tres y cinco años, siempre que exista continuidad en la planificación y disponibilidad presupuestaria.

De acuerdo con la información proporcionada a este medio, el RUN inició sus operaciones sin un presupuesto específico propio y espera contar con una asignación diferenciada a partir de 2027. Esa disponibilidad será determinante para financiar plataformas tecnológicas, digitalización documental, infraestructura física y capacitación de funcionarios.

La modernización del RUN tampoco resolverá por sí sola los conflictos históricos de la tierra en Paraguay. La superposición de títulos, las deficiencias de antiguas adjudicaciones y los problemas derivados de la administración de tierras públicas exceden el alcance de una reorganización administrativa y requerirán políticas de saneamiento de más largo plazo.

Lo que el nuevo sistema sí puede aportar es información más consistente, mayor trazabilidad y criterios técnicos comunes. Estos elementos son relevantes para fortalecer la seguridad jurídica y reducir riesgos en operaciones de compraventa, financiación, loteamiento y desarrollo inmobiliario.

Una prueba clave para el mercado

Para desarrolladores e inversores, el valor del RUN dependerá de que la integración institucional se traduzca en previsibilidad. No basta con recibir los documentos en una sola ventanilla si los procesos internos permanecen fragmentados o si los plazos resultan inciertos.

La institución mantiene canales de cooperación con la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI) y la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias (CAPELI), dos sectores directamente afectados por los tiempos y criterios del sistema.

El balance de los primeros seis meses muestra capacidad para gestionar un volumen elevado de documentos y avances concretos en la unificación administrativa. Pero también confirma que el RUN sigue siendo una reforma en transición.

El RUN forma parte de un proceso de transformación que ya muestra avances concretos en la integración de servicios y la unificación de criterios. A medida que su aplicación se amplíe y consolide, los usuarios encontrarán plazos más reducidos, información catastral y registral más precisa y una gestión con menos pasos. En los próximos años, estos cambios serán cada vez más visibles, con trámites más rápidos, mejores datos y procesos más simples, fortaleciendo la seguridad jurídica y el funcionamiento del mercado inmobiliario paraguayo.