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Las manufacturas de origen industrial alcanzaron USD 1.313,6 millones entre enero y julio de 2026. El avance de la maquila y la diversificación exportadora comienzan a configurar un mercado con mayor necesidad de plantas, depósitos y centros logísticos adaptados a operaciones cada vez más complejas. Paraguay no solamente está exportando más. También comienza a modificar gradualmente la composición de su oferta exportadora, con una participación creciente de bienes manufacturados y productos con mayor valor agregado. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) alcanzaron USD 1.313,6 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 35%, de acuerdo con el Reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay. El incremento no fue exclusivamente nominal. En términos físicos, las exportaciones industriales llegaron a 386.400 toneladas, con una expansión del 23,6% frente al mismo periodo de 2025. El desempeño muestra que el sector exportó tanto un mayor volumen como una canasta de mayor valor. Entre los productos industriales con mayor participación se encontraron los hilos, cables y demás conductores eléctricos, con USD 267,8 millones; el aluminio y sus manufacturas, con USD 129,2 millones; el cobre y sus manufacturas, con USD 91,3 millones; los artículos textiles, con USD 70,1 millones; y los insecticidas y herbicidas, con USD 57,7 millones. En conjunto, las manufacturas de origen agropecuario e industrial totalizaron USD 4.081,5 millones. Esto equivale a más de la mitad de los USD 7.884,3 millones correspondientes a las exportaciones registradas del país durante los primeros siete meses del año. Del crecimiento exportador a la demanda inmobiliaria Desde la perspectiva inmobiliaria, el avance de las exportaciones industriales es relevante porque producir y movilizar mayores volúmenes requiere una infraestructura física que va mucho más allá de la fábrica. Las empresas exportadoras necesitan plantas de producción, depósitos de materias primas, áreas de almacenamiento de productos terminados, patios de maniobra, plataformas de carga, oficinas administrativas y conexiones eficientes con los principales corredores viales y pasos fronterizos. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones no se traduce automáticamente en una expansión equivalente de metros cuadrados. La incidencia inmobiliaria dependerá de si las empresas están utilizando capacidad instalada disponible, ampliando instalaciones existentes o proyectando nuevas plantas. Aun así, la continuidad del crecimiento industrial fortalece las condiciones para el desarrollo de parques industriales, centros logísticos y proyectos bajo la modalidad build-to-suit, construidos específicamente según las necesidades técnicas y operativas de cada ocupante. Los rubros que lideran las exportaciones permiten anticipar algunas de esas exigencias. Las industrias metalúrgicas, de autopartes, conductores eléctricos, textiles y productos químicos necesitan inmuebles emplazados en zonas con infraestructura vial apta para el transporte de cargas, acceso ágil a rutas nacionales, puertos y pasos fronterizos. A esto se suman requerimientos como disponibilidad energética, resistencia estructural, sistemas de prevención de incendios, gestión ambiental, patios de maniobra y circulación interna para vehículos pesados, además de superficies que permitan futuras ampliaciones. Este escenario podría acelerar la evolución del mercado inmobiliario industrial desde el depósito convencional hacia activos más especializados y diseñados alrededor de la operación del usuario. Maquila consolida un nuevo perfil de ocupante La maquila continúa siendo uno de los principales motores de esta transformación. A julio de 2026, las exportaciones realizadas bajo este régimen alcanzaron USD 858,7 millones, con un crecimiento interanual del 32,1%. La cifra equivale aproximadamente al 21% del total combinado de las exportaciones manufactureras de origen agropecuario e industrial. Una década atrás, esa relación se ubicaba en torno al 8%, lo que evidencia la mayor participación que adquirieron las empresas maquiladoras dentro de la estructura productiva del país. Entre los productos que impulsaron el crecimiento durante 2026 se destacan el alcohol etílico, los hilos y cables vinculados a la industria de autopartes y el biodiésel. Brasil se mantuvo como el principal destino, concentrando el 61,4% de las exportaciones maquiladoras, seguido por Argentina, Países Bajos y Estados Unidos. La concentración territorial del régimen también ofrece una señal para el mercado inmobiliario. Asunción, Central, Alto Paraná y Amambay reúnen el 92% de las empresas maquiladoras, según datos divulgados por el Viceministerio de Industria. Esta distribución refuerza el potencial de los corredores industriales y logísticos del área metropolitana y del Este del país. Central combina proximidad con Asunción, disponibilidad de servicios y conexiones viales, mientras Alto Paraná se beneficia de su cercanía con Brasil y de su posición dentro de las cadenas regionales de producción. En estos mercados, el crecimiento industrial puede generar demanda no solo por fábricas y depósitos, sino también por vivienda para trabajadores, servicios comerciales, transporte, oficinas administrativas e infraestructura urbana complementaria. Una oferta inmobiliaria todavía pequeña frente al potencial industrial El crecimiento de las exportaciones manufactureras refuerza uno de los principales factores de expansión identificados por JLL para el mercado industrial y logístico paraguayo: el avance de la maquila, la agroindustria y las cadenas regionales de producción. De acuerdo con el relevamiento de JLL analizado recientemente por El Inmobiliario, el área metropolitana de Asunción cuenta con aproximadamente 283.000 m² de centros logísticos, el menor stock entre las principales ciudades latinoamericanas relevadas. Sin embargo, la superficie disponible creció 245% desde 2015 y el país ya cuenta con 25 parques industriales, de los cuales el 84% se concentra en Central y Alto Paraná. El desafío será transformar el dinamismo exportador en una demanda sostenida y capaz de absorber nuevos desarrollos. Paraguay todavía posee una oferta reducida en comparación con otros mercados regionales y gran parte de sus inmuebles industriales presenta superficies menores. Una nueva etapa de industrialización podría requerir proyectos más grandes, instalaciones construidas a medida y parques capaces de acompañar la expansión de sus ocupantes. A esto se suma la infraestructura exterior al inmueble. JLL identifica como prioritario fortalecer las redes viales, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias y energéticas. Para una industria exportadora, la calidad de una planta o un centro logístico pierde competitividad si no cuenta con accesos adecuados a rutas nacionales, terminales portuarias y pasos fronterizos. Una oportunidad para profesionalizar la oferta Las cifras de comercio exterior refuerzan una tendencia que ya empieza a percibirse en el mercado: el sector inmobiliario paraguayo deberá atender una demanda cada vez más diversificada. La expansión de la manufactura y de la maquila puede crear oportunidades para parques industriales planificados, depósitos de alto estándar, centros de distribución, desarrollos build-to-suit y complejos que integren producción, almacenamiento y oficinas. No obstante, la localización y la calidad de la infraestructura serán determinantes. Los proyectos con buena conexión vial, energía suficiente, seguridad, servicios ambientales, capacidad de expansión y una gestión profesional tendrán mejores condiciones para capturar esta nueva demanda. El crecimiento del 35% de las exportaciones industriales todavía no permite afirmar por sí solo que exista un salto inmediato en la absorción inmobiliaria. Sí confirma, sin embargo, que Paraguay está ampliando su base productiva y que esa transformación comienza a crear un nuevo universo de usuarios para el mercado inmobiliario industrial y logístico.

El Foro Asunción 500 Años presentó una agenda que combina infraestructura, repoblamiento, recuperación patrimonial e inversión privada. Entre las principales medidas se encuentran un nuevo Manual de Diseño Urbano, obras en espacios públicos, proyectos habitacionales y reducciones del impuesto inmobiliario. El Gobierno Nacional y la Municipalidad de Asunción presentaron una serie de proyectos e instrumentos para recuperar el Centro Histórico, atraer nuevos residentes e impulsar inversiones de cara a los 500 años de la capital, que se conmemorarán en 2037. Los anuncios fueron realizados durante el primer Foro Asunción 500 Años, desarrollado el jueves 13 de agosto en el Centro Cultural del Puerto. El encuentro reunió a autoridades, organismos multilaterales, representantes empresariales, especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. La agenda contempla obras de infraestructura y saneamiento, recuperación de plazas y calles, programas de vivienda, incentivos tributarios y nuevas reglas para ordenar las intervenciones urbanas. El propósito es revertir la pérdida de población y actividad económica que experimentó el centro capitalino durante las últimas décadas. La apertura estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, y la primera dama y presidenta honorífica de la Comisión Asunción 500 Años, Leticia Ocampos. Repoblar para recuperar la actividad económica Uno de los principales objetivos es conseguir que más personas vuelvan a vivir en el Centro Histórico. La estrategia plantea combinar viviendas, infraestructura, espacios públicos, seguridad y servicios para atraer a familias, jóvenes, comercios y emprendimientos. “No queremos un centro histórico convertido en un museo ni una Asunción que viva solamente de sus recuerdos”, manifestó Ocampos. La primera dama sostuvo que la recuperación patrimonial debe permitir que los edificios vuelvan a utilizarse y que las plazas, calles y veredas recuperen su función como espacios de encuentro y circulación. Por su parte, Santiago Peña remarcó que la revitalización de Asunción no constituye solamente una decisión urbana o patrimonial, sino también económica. Según afirmó, las inversiones públicas deben generar condiciones para movilizar capital privado, crear empleos y ampliar la oferta de viviendas, comercios y servicios. El Gobierno busca que las mejoras de infraestructura y los incentivos públicos vuelvan a hacer viable el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el centro. Para ello, además de recuperar el espacio urbano, será necesario ofrecer reglas previsibles, acceso a servicios y mecanismos de financiamiento adecuados. Obras de infraestructura y recuperación urbana La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, explicó que las intervenciones previstas no se limitarán a la restauración de fachadas. Los trabajos comprenden drenaje pluvial, saneamiento, redes de agua, soterramiento de cables, iluminación, pavimentos, veredas y recuperación de espacios públicos. Estos componentes resultan indispensables para sostener nuevos desarrollos residenciales, comerciales y turísticos. Entre los proyectos mencionados durante el foro se encuentran las intervenciones en las plazas O’Leary y Uruguaya, el Parque Caballero, la calle Azara, la calle Palma, la Costanera y la avenida Paraguayo Independiente. También se destacó la reconversión de los edificios históricos del Puerto en un espacio cultural y de convenciones, además de la proyectada llegada del tren de cercanías hasta la antigua Estación Central. Varias de estas obras forman parte del Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, financiado mediante un préstamo de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, entidad integrante del Grupo Banco Mundial. El contrato fue aprobado por la Ley N.º 7201 y su ejecución está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El proyecto busca vincular la ribera del río Paraguay con el Centro Histórico mediante obras de infraestructura, recuperación de espacios públicos, protección ambiental y fortalecimiento de la capacidad institucional. Un manual para ordenar calles, plazas y veredas Durante el encuentro también fue presentado el Manual de Diseño Urbano del Centro Histórico de Asunción. El documento establecerá criterios comunes para las intervenciones en calles, plazas y veredas, con atención a la accesibilidad, la seguridad, la sostenibilidad, la iluminación y el desplazamiento peatonal. La herramienta pretende evitar que cada institución ejecute obras con diseños y especificaciones diferentes. Su aplicación involucrará al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Municipalidad de Asunción, la Oficina de la Primera Dama y la Secretaría Nacional de Cultura. Centurión señaló que el manual podrá ser actualizado a medida que avancen los proyectos. También indicó que un espacio público mejor cuidado puede atraer turismo, fortalecer el comercio y generar nuevas oportunidades de trabajo. Para que la herramienta tenga efectos concretos, sus lineamientos deberán incorporarse a los proyectos ejecutivos, permisos municipales y contratos de obra. También será necesario compatibilizarlos con las disposiciones de protección patrimonial vigentes. Reducción del impuesto inmobiliario El intendente de Asunción, Luis Bello, presentó los incentivos tributarios impulsados por la Municipalidad para estimular las inversiones y la recuperación de inmuebles. Bello destacó una reducción del 52% del impuesto inmobiliario en el área central. Añadió que los beneficios pueden alcanzar hasta el 77% para determinadas edificaciones consideradas patrimonio histórico. La medida busca disminuir los costos de los propietarios y mejorar las condiciones para recuperar edificios desocupados, deteriorados o subutilizados. En el caso de los inmuebles patrimoniales, el incentivo tributario puede resultar especialmente relevante debido a los mayores costos y exigencias técnicas que suelen implicar las tareas de restauración. El impacto de la medida dependerá de su reglamentación, la duración de los beneficios y los requisitos que deberán cumplir los propietarios y desarrolladores. También será necesario aclarar el mecanismo mediante el cual se calcula el beneficio máximo del 77%. Bello vinculó los incentivos con las obras de mejoramiento vial, limpieza y recuperación de espacios públicos. Citó el proyecto Palma Brilla como un antecedente de coordinación entre las instituciones, especialmente por los trabajos de soterramiento de cables y renovación urbana realizados sobre la calle Palma. El desafío de convertir la agenda en resultados El Foro Asunción 500 Años permitió reunir proyectos impulsados por diferentes instituciones bajo una visión común. Sin embargo, la información presentada todavía no detalla los costos, plazos y fuentes de financiamiento de todas las intervenciones mencionadas. La recuperación del Centro Histórico requerirá continuidad entre administraciones, coordinación institucional y reglas estables para las inversiones. También necesitará mecanismos públicos que permitan conocer el avance de las obras y medir resultados como el aumento de residentes, la recuperación de inmuebles y la generación de actividad económica. Asunción cumplirá cinco siglos de fundación el 15 de agosto de 2037. El desafío será utilizar ese horizonte para concretar una transformación urbana sostenida y no solamente como marco para una conmemoración.

Una guía para entender qué gastos cubren, cómo se calculan y qué responsabilidades tienen propietarios e inquilinos en Paraguay. Las expensas permiten cubrir el funcionamiento, mantenimiento y conservación de los espacios y servicios comunes de un edificio. Aunque normalmente se cobran todos los meses, no todos los gastos tienen la misma naturaleza ni necesariamente deben ser asumidos por la persona que ocupa el departamento. La cuestión se vuelve especialmente importante cuando la unidad está alquilada. ¿Debe pagar el propietario o el inquilino? En Paraguay, la respuesta depende del tipo de gasto, del reglamento de copropiedad y de lo establecido en el contrato de alquiler. ¿Qué son las expensas? Las expensas son las contribuciones que se recaudan entre las unidades de un edificio para financiar los gastos que benefician o resultan necesarios para la propiedad común. Pueden incluir, entre otros conceptos: Limpieza de pasillos, escaleras y áreas comunes. Seguridad, portería o recepción. Electricidad y agua de las áreas compartidas. Administración del edificio. Mantenimiento periódico de ascensores. Jardinería y cuidado de espacios exteriores. Mantenimiento de bombas, portones y equipos contra incendios. Seguro del edificio. Reparaciones en fachadas, terrazas, techos o instalaciones comunes. Formación de fondos de reserva. Las expensas no constituyen el precio de un servicio individual, sino reembolsos destinados a cubrir los gastos comunes del edificio, según señaló la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), actualmente integrada a la DNIT. ¿Cómo se determina cuánto paga cada departamento? El Código Civil paraguayo establece que los gastos necesarios para conservar y utilizar las partes comunes, prestar servicios de interés común y realizar las innovaciones aprobadas deben ser soportados por los propietarios en proporción al valor de sus respectivas unidades, salvo que exista un acuerdo diferente. Por tanto, no necesariamente todos los departamentos pagan la misma suma. El cálculo puede considerar el valor o porcentaje asignado a cada unidad dentro del edificio. Cuando una instalación sirve a los propietarios en diferente medida, el Código permite que el gasto se distribuya en proporción al uso que cada uno pueda hacer de ella. La forma concreta de calcular las contribuciones debe encontrarse en el reglamento de copropiedad y administración. Este reglamento debe establecer obligatoriamente las bases y proporciones utilizadas para distribuir los gastos comunes. También debe regular la administración, las asambleas, el uso de las áreas compartidas y las facultades del administrador. Expensas ordinarias y extraordinarias El Código Civil paraguayo no presenta una lista cerrada que clasifique cada concepto como expensa ordinaria o extraordinaria. Sin embargo, en la administración de edificios se utiliza esta división para distinguir los gastos habituales de aquellos vinculados con obras, mejoras o intervenciones de mayor importancia. Expensas ordinarias Son los gastos recurrentes necesarios para que el edificio funcione normalmente. Por ejemplo: Limpieza. Seguridad o portería. Honorarios de administración. Electricidad de espacios comunes. Mantenimiento periódico de ascensores. Jardinería. Recolección de residuos. Insumos de limpieza. Revisiones periódicas de equipos y sistemas. Son gastos relacionados principalmente con el uso cotidiano del edificio y los servicios que reciben sus ocupantes. Expensas extraordinarias Son desembolsos especiales que no forman parte del funcionamiento mensual habitual o que responden a obras relevantes, mejoras o renovación de bienes comunes. Algunos ejemplos son: Reparaciones estructurales. Renovación completa de la fachada. Sustitución integral de un ascensor. Impermeabilización general de la terraza. Cambio de cañerías principales. Instalación de un generador. Construcción de una piscina, gimnasio u otro nuevo espacio común. Grandes obras de adecuación o modernización. Fondos especiales destinados a una intervención importante. El Código Civil atribuye a la asamblea de propietarios la aprobación del presupuesto anual y de su distribución, así como las decisiones sobre obras de mantenimiento extraordinario. La clasificación no debería depender únicamente del nombre colocado en la liquidación. Una obra de gran magnitud no se convierte automáticamente en un gasto ordinario porque la administración la presente bajo esa denominación. Debe analizarse qué trabajo se realizó, por qué fue necesario y si corresponde al funcionamiento cotidiano o a la conservación y valorización permanente del inmueble. ¿Quién debe pagar las expensas? Frente a la copropiedad, el responsable del pago es el propietario, conforme al artículo 2140 del Código Civil. Esta obligación se mantiene aunque el departamento esté alquilado. En la práctica, muchos propietarios incluyen las expensas ordinarias dentro del precio del alquiler y pagan directamente a la administración. Otros contratos establecen que el inquilino debe abonarlas por separado; pero, si este incumple, el dueño continúa siendo responsable ante el edificio. Las expensas extraordinarias normalmente corresponden al propietario, porque financian reparaciones importantes o mejoras que conservan el valor del inmueble. Por eso, el contrato debe aclarar si las expensas están incluidas, quién realizará el pago y cómo se distribuirán los gastos extraordinarios. ¿Qué ocurre cuando no se pagan las expensas? Las expensas deben seguir pagándose aunque el departamento esté vacío. Si el inquilino debía abonarlas y no lo hizo, la administración puede reclamar el pago al propietario. Algunos reglamentos internos restringen temporalmente a los morosos el uso de amenities no esenciales, como la piscina, el gimnasio o el quincho. Estas medidas no deberían impedir el ingreso al departamento ni el acceso a servicios esenciales. Además, el Código Procesal Civil establece que la deuda por expensas constituye un título ejecutivo, por lo que la administración puede reclamar judicialmente su cobro. Por eso, el propietario debería verificar periódicamente que la unidad se encuentre al día, incluso si el pago fue delegado al inquilino o a una inmobiliaria. Qué revisar antes de comprar o alquilar Antes de adquirir un departamento, conviene solicitar: El reglamento de copropiedad. La última liquidación de expensas. Una constancia de que la unidad no mantiene deudas. El presupuesto anual del edificio. Información sobre fondos de reserva. Actas recientes de asamblea. Detalles sobre obras extraordinarias aprobadas o previstas. Datos sobre morosidad de otras unidades. Antes de alquilar, el contrato debería indicar claramente: Si las expensas están incluidas en el precio. Quién paga las expensas ordinarias. Quién asume las extraordinarias. Cómo se comunica un aumento. A quién debe entregarse el comprobante de pago. Qué sucede con las multas ocasionadas por el ocupante. Una obligación que debe estar claramente documentada Las expensas son indispensables para mantener el edificio operativo, seguro y en condiciones adecuadas. Sin embargo, la falta de información o una liquidación poco detallada puede generar conflictos entre propietarios, inquilinos y administradores. Como regla básica, el propietario responde ante la copropiedad. En una relación de alquiler, el inquilino puede asumir los gastos ordinarios cuando así se haya acordado, mientras que las obras extraordinarias y las inversiones que quedan incorporadas al inmueble normalmente corresponden al propietario. La mejor prevención consiste en revisar el reglamento, exigir liquidaciones detalladas y dejar por escrito qué conceptos pagará cada parte.

El sector cerró el primer semestre de 2026 con una ocupación promedio del 61% a nivel nacional y del 64% en Asunción. La ampliación de la oferta, el ingreso de nuevas marcas internacionales y el crecimiento del turismo corporativo anticipan una nueva etapa, aunque la conectividad aérea continúa limitando la escala del mercado. Futuro NH Collection Asunción, cuya apertura en Petra Imperiale está prevista para 2030. La industria hotelera paraguaya dejó atrás la etapa de recuperación posterior a la pandemia y comenzó a transitar un ciclo de crecimiento sostenido. El aumento de la actividad corporativa, la realización de congresos y competencias internacionales, el movimiento turístico y la llegada de inversiones ampliaron la demanda y mejoraron los principales indicadores del sector. Los registros correspondientes al primer semestre de 2026 muestran una ocupación hotelera promedio del 61% en el país, según datos de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY). Asunción alcanzó el 64%, confirmando el peso de la capital como principal centro del turismo de negocios, reuniones y eventos. La tarifa diaria promedio, conocida en la industria como ADR, llegó a US$ 99,01 a nivel nacional. En Asunción se situó en US$ 95,76 por habitación ocupada. Este indicador mide los ingresos por alojamiento y permite observar la capacidad de los hoteles para sostener o mejorar sus precios, además del nivel de ocupación. Las referencias regionales utilizadas por el sector ubicaron la tarifa promedio de Buenos Aires alrededor de US$ 120 y la de Río de Janeiro cerca de US$ 115. Asunción permanece por debajo de esos valores, una diferencia que mantiene a la capital paraguaya como una plaza competitiva para empresas, organizadores de eventos y visitantes regionales. Las comparaciones son indicativas, debido a las variaciones de categoría, fecha, ubicación y tipo de establecimiento. El crecimiento del 46% registrado en las llegadas internacionales durante el primer trimestre aporta otra señal favorable. Eventos y actividad empresarial sostienen la demanda La composición de la demanda también cambió. Los viajes corporativos, congresos, ferias, acontecimientos deportivos, actividades culturales y encuentros internacionales se convirtieron en motores centrales de la ocupación. La recuperación del mercado ya había quedado reflejada en 2024, cuando la actividad superó los niveles de 2018, último punto de referencia anterior a la pandemia. La evolución de las tarifas durante 2026 refuerza la transición desde una fase de recomposición hacia otra de expansión. Este proceso obliga a sostener una agenda estable durante todo el año. Los grandes acontecimientos elevan la ocupación en fechas determinadas, pero el crecimiento de largo plazo requiere una combinación más amplia de turismo corporativo, reuniones, ocio, actividades culturales y desplazamientos internos. También será necesario fortalecer los destinos del interior. Ciudad del Este, Encarnación, San Bernardino y otros polos emergentes pueden ampliar la base del mercado, reducir la concentración en Asunción y favorecer inversiones hoteleras vinculadas con el comercio, la naturaleza, el entretenimiento y el turismo de reuniones. Wyndham Garden Costa del Lago Residences, ubicado en Hernandarias. Cinco incorporaciones aparecen en el horizonte El mapa hotelero paraguayo podría sumar cinco nuevas incorporaciones de aquí a 2030. Tres proyectos ya están identificados: Meliá prepara su llegada al país; NH Collection formará parte de Petra Imperiale, en Asunción; y Wyndham Garden Costa del Lago Residences se desarrollará en Hernandarias, bajo un modelo que combina residencias de marca y gestión hotelera. Los otros dos nombres todavía no se hicieron públicos. Si los proyectos avanzan dentro de los plazos previstos, Paraguay alcanzaría la presencia de 18 marcas u operadores internacionales. Más hoteles, pero todavía con límites para los grandes eventos Asunción y Gran Asunción reúnen actualmente unas 6.000 habitaciones y cerca de 9.000 camas. Con los proyectos que se encuentran en desarrollo, la capacidad podría llegar a 10.000 camas para 2030. La ampliación será necesaria para acompañar el crecimiento del turismo corporativo y la llegada de más eventos internacionales. La oferta actual responde al movimiento habitual y a convocatorias regionales, pero el margen se reduce cuando varias actividades coinciden o concentran una gran cantidad de visitantes en pocos días. Un evento de 30.000 asistentes no requiere necesariamente el mismo número de camas, ya que parte del público puede ser local. El escenario cambia cuando una proporción importante llega desde el exterior o desde otras ciudades y necesita hospedarse al mismo tiempo. En esas condiciones, la capacidad disponible puede agotarse rápidamente. A esto se suma la conectividad aérea. Para competir por congresos, ferias y espectáculos de mayor escala, Paraguay necesita más vuelos directos, mejores frecuencias y una infraestructura aeroportuaria capaz de acompañar el crecimiento. La disponibilidad de habitaciones pierde impacto si los visitantes encuentran dificultades para llegar al país. La meta nacional eleva la exigencia Paraguay recibió alrededor de dos millones de turistas internacionales en 2025, una participación cercana al 0,14% del movimiento turístico mundial. La estrategia pública para 2037 plantea superar los diez millones de visitantes anuales y convertir al país en un destino relevante de entretenimiento en Sudamérica. Alcanzar esa escala implicaría multiplicar por cinco el volumen actual. El país deberá desarrollar nuevos productos turísticos, mejorar su conectividad, extender la permanencia promedio de los visitantes y organizar acontecimientos capaces de generar demanda durante diferentes épocas del año. La hotelería paraguaya dispone actualmente de indicadores favorables, proyectos internacionales y una mayor confianza inversora. El desafío será transformar ese impulso en un crecimiento ordenado, con infraestructura, capital humano y conectividad suficientes para acompañar la nueva escala turística y económica del país.

Planificación urbana, movilidad, desarrollo económico y gestión ambiental formarán parte de la segunda edición del encuentro, que reunirá a especialistas, autoridades y empresas el 24 y 25 de agosto en Asunción. El desarrollo de una ciudad no se define solamente por los edificios que incorpora a su paisaje. También depende de lo que ocurre entre ellos: la calidad del espacio público, las conexiones viales, el acceso a servicios, la gestión ambiental y la capacidad de generar nuevas centralidades y actividades económicas. Esas variables estarán presentes en Smart City Paraguay 2026, cuya segunda edición se realizará el 24 y 25 de agosto en el Centro de Eventos de Paseo La Galería. El congreso y exposición reunirá a urbanistas, especialistas en tecnología, autoridades, académicos y representantes empresariales para discutir cómo pueden evolucionar las ciudades paraguayas frente a nuevas demandas sociales, ambientales y productivas. Las conferencias estarán organizadas alrededor de cinco grandes áreas: planeamiento urbano, gobernanza, competitividad, desarrollo humano y ambiente. En materia urbana, el programa contempla discusiones sobre movilidad y espacios públicos. A estos componentes se sumarán la promoción de actividades industriales y de servicios, la modernización de los sistemas de atención al ciudadano, la calidad de vida, la seguridad y la gestión de residuos. Los ingenieros Gustavo Ibarra y Fernando Loza, cofundadores de Certus Group. La combinación de estos asuntos plantea una mirada amplia sobre el desarrollo territorial. La movilidad condiciona la conexión entre barrios y centros de actividad; el espacio público influye en la calidad y vitalidad del entorno; y la instalación de servicios, comercios y empresas acompaña la consolidación de nuevos sectores de la ciudad. El congreso también analizará experiencias de ciudades latinoamericanas que avanzaron en procesos de modernización, planificación y uso de tecnología. El propósito será conocer qué soluciones lograron resultados concretos y qué aspectos podrían adaptarse a la realidad paraguaya. Uno de los principales disertantes será el arquitecto colombiano Gustavo Restrepo, urbanista con experiencia en proyectos de transformación territorial en Medellín y otros puntos de América Latina. Su trabajo se concentra en planificación sostenible, espacio público y construcción de ciudades centradas en las personas. También participará el arquitecto paraguayo Gonzalo Garay, consultor en desarrollo urbano y territorial. Garay intervino en proyectos como el Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción y trabajó como consultor para organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial. La agenda incorpora además a Ignacio Gei, secretario de Ciudad Inteligente y Transformación Digital de la Municipalidad de Córdoba; Eduardo Salonia, especialista en tecnologías de la información, transporte inteligente y movilidad; y Lucas Lanza, director general de la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina. La nómina se completa con profesionales de distintas disciplinas, entre ellos el economista Sebastián Ponceliz, el abogado y docente Juan Pablo Fernández Bogado, el ingeniero Fernando Loza, el especialista en gestión ambiental Gustavo Ibarra y Emanuel Romero, vinculado con proyectos de salud digital e inteligencia artificial. La edición 2026 incorporará una ronda de negocios el 25 de agosto. El formato prevé reuniones individuales entre autoridades, empresas tecnológicas, urbanistas, consultores, instituciones académicas y otros participantes. Las empresas podrán presentar productos, servicios y soluciones, mientras que los encuentros serán organizados de acuerdo con los intereses de los asistentes. La propuesta busca abrir conversaciones sobre colaboración, inversión y desarrollo de proyectos urbanos. “Queremos que Smart City Paraguay sea un lugar donde las ideas confluyan y se conviertan en proyectos reales para el futuro urbano del país”, expresó Fernando Hugo Loza, cofundador de Certus Group, firma organizadora del encuentro. Smart City Paraguay tuvo su primera edición en 2025, también en Paseo La Galería. Durante dos jornadas participaron representantes del sector público, empresas y especialistas nacionales e internacionales. Para quienes siguen de cerca la evolución de las ciudades, la arquitectura, el desarrollo inmobiliario, la infraestructura o la tecnología aplicada a la gestión urbana, el congreso ofrecerá la oportunidad de conocer experiencias regionales, intercambiar perspectivas y establecer contactos con profesionales de distintas disciplinas. Durante dos jornadas, Smart City Paraguay 2026 invitará a mirar más allá de los edificios y a pensar en la ciudad que se construye alrededor de ellos. La entrada es gratuita y los interesados pueden acreditarse ingresando a www.smartcitiespy.com y haciendo clic en la opción «Quiero mi entrada».

El precio inicial y la posibilidad de financiar las cuotas pueden resultar atractivos, pero el comprador asume riesgos jurídicos, financieros y constructivos que no existen en un departamento terminado. Revisar el terreno, los permisos y el contrato es tan importante como elegir la ubicación. Comprar “en pozo” significa comprometerse a adquirir un departamento antes de que esté terminado y, en algunos casos, incluso antes del comienzo de la construcción. La modalidad puede ofrecer un precio de entrada competitivo y un calendario de pagos más flexible, pero también exige evaluar promesas que todavía deben convertirse en una obra terminada y escriturable. En Paraguay, el Código Civil permite contratar sobre bienes futuros. Sin embargo, el boleto, la reserva o la promesa de compraventa no deben confundirse con la escritura pública que transmite el derecho sobre el inmueble. Los actos que constituyen o transmiten derechos reales sobre bienes registrables deben formalizarse por escritura pública; un contrato privado puede obligar a las partes a escriturar, pero no sustituye ese paso. Además, el título debe inscribirse para producir efectos frente a terceros. Antes de entregar una seña o firmar un contrato, estos son los principales controles que debería realizar el comprador. 1. Identificar a todas las partes del proyecto La marca comercial no siempre es la empresa que vende, construye, administra el dinero o figura como propietaria del terreno. El comprador debe conocer: La denominación y el RUC de la empresa con la que contratará. Quién es el propietario registral del terreno. Qué constructora ejecutará la obra. Quién firma en representación de cada sociedad. Qué relación jurídica existe entre el propietario, el desarrollador y la constructora. A nombre de quién está la cuenta que recibirá los pagos. Si quien vende no es propietario del terreno, debe demostrar qué contrato, mandato, sociedad o fideicomiso le permite desarrollar y comercializar el proyecto. La existencia de una sociedad puede contrastarse inicialmente en el portal público SIARA del Ministerio de Economía y Finanzas, aunque esa consulta no acredita por sí sola su solvencia ni el éxito del emprendimiento. También conviene visitar obras anteriores, conversar con propietarios y comprobar si la empresa cumplió plazos, especificaciones y atención de posventa. Un edificio terminado aporta más información que una campaña publicitaria. 2. Verificar quién es dueño del terreno y qué gravámenes existen Este es uno de los controles decisivos. Un abogado o escribano elegido por el comprador debería estudiar el título y solicitar un informe actualizado de condiciones de dominio. El Registro Unificado Nacional expide informes y certificados que permiten conocer la situación registral del inmueble, además de certificados de anotaciones personales. El estudio debe determinar, entre otros puntos: Si el vendedor es realmente el titular. Si existen hipotecas, embargos, prohibiciones, demandas o restricciones. Si la superficie y los datos del título coinciden con Catastro y con el proyecto. Si el inmueble está afectado como bien de familia. Si hay otros compromisos o derechos anotados. Qué ocurriría con el comprador si un acreedor ejecutara el terreno. La existencia de una hipoteca no significa automáticamente que el proyecto sea irregular. Sin embargo, el contrato debe explicar cómo y cuándo se liberará la futura unidad, quién asumirá los costos y qué protección tendrá el comprador si el crédito no se cancela. El Servicio Nacional de Catastro dispone de consultas urbanas, rurales y mapa catastral en su portal institucional. La información catastral complementa, pero no reemplaza, el estudio registral del dominio. 3. Comprobar la aprobación municipal antes de confiar en los renders La Ley Orgánica Municipal establece que los proyectos de conjuntos habitacionales deben ser aprobados por la Intendencia antes de su ejecución. También dispone que las reglas sobre superficie, accesos, circulación, prevención de incendios y seguridad dependen de las ordenanzas de cada municipio. La misma ley contempla la inscripción de los contratos o boletos de compraventa de pisos o departamentos, a cargo del vendedor, dentro de los 30 días de su firma, en los registros indicados por su artículo 266. Es aconsejable pedir comprobantes de que esta obligación fue cumplida y que un profesional independiente determine su alcance en el caso concreto. El comprador debería solicitar la resolución de aprobación del proyecto, los planos aprobados y el permiso de construcción correspondiente. Un certificado de uso de suelo favorable, una solicitud “en trámite” o una presentación municipal no necesariamente equivalen a la autorización definitiva para construir. Los requisitos varían según la ciudad. En Asunción, por ejemplo, las obras de alta complejidad requieren documentación sobre uso de suelo, titularidad del inmueble, planos de arquitectura y estructura, prevención contra incendios y representación de la sociedad, entre otros recaudos. La Municipalidad publica los requisitos de aprobación de planos. El plano aprobado debe compararse con la unidad ofrecida: piso, orientación, superficie, cochera, depósito, balcones y áreas comunes. El render es una representación comercial, no un plano técnico. 4. Precisar qué superficie se está comprando Expresiones como “metros propios”, “metros totales”, “superficie vendible” o “área equivalente” no siempre describen lo mismo. El contrato debe separar claramente: Superficie cubierta propia. Balcones o terrazas. Muros y elementos estructurales. Participación en espacios comunes. Cochera y baulera o depósito. Áreas comunes de uso exclusivo, si las hubiera. 5. Exigir una memoria de calidades detallada “Mármol”, “porcelanato”, “grifería importada” o “terminaciones premium” son descripciones demasiado amplias. La memoria debe especificar, cuando sea posible, marcas, líneas, medidas, espesores, prestaciones y alternativas equivalentes. Debe incluir aberturas, vidrios, pisos, mesadas, sanitarios, griferías, climatización, generador, ascensores, impermeabilización, instalaciones eléctricas y sanitarias, seguridad y equipamiento de las áreas comunes. Si el desarrollador se reserva el derecho de sustituir materiales, el contrato debería exigir que el reemplazo tenga calidad y prestaciones iguales o superiores. Una facultad ilimitada para modificar superficies, distribución o terminaciones traslada demasiado riesgo al comprador. 6. Revisar el precio completo y su mecanismo de ajuste No alcanza con conocer la entrega y el valor de las cuotas. Debe calcularse el costo total hasta recibir y escriturar la unidad, incluyendo: Saldo contra entrega o posesión. Impuestos incluidos o no en el precio. Gastos de escribanía e inscripción. Costos de individualización de la unidad. Equipamiento o conexión de servicios. Fondo inicial del consorcio. Cochera o depósito, si se cobran aparte. Intereses, recargos y gastos por mora. Si el contrato está expresado en dólares o incorpora ajustes, debe indicar qué cotización se utilizará, en qué fecha y qué ocurrirá ante variaciones extraordinarias. No debería permitir que una sola parte cambie el precio sin un criterio objetivo y previamente pactado. 7. Fijar una fecha de entrega verificable Una fecha estimativa acompañada de un período de gracia extenso puede convertirse en una entrega prácticamente indefinida. El contrato debería precisar: Fecha o mes de entrega. Duración máxima de la prórroga. Qué hechos justifican una extensión. Cómo se notificará el retraso. Penalidad o compensación a favor del comprador. Derecho a resolver el contrato. Plazo y forma de devolución del dinero. La fuerza mayor debe responder a hechos concretos e imprevisibles. No conviene aceptar que cualquier dificultad financiera, comercial o administrativa del desarrollador justifique una prórroga sin límite. Las penalidades también deberían guardar equilibrio. Si el comprador paga intereses por atrasarse, resulta razonable que el contrato contemple consecuencias claras para el desarrollador que incumple la entrega. 8. Examinar cómo se administrará el dinero El comprador puede preguntar qué porcentaje de preventas necesita el proyecto, cuánto capital aporta el desarrollador y si existe financiamiento bancario, seguro, garantía o mecanismo de separación de fondos. Cuando se utilice un fideicomiso, hay que pedir el contrato o un resumen jurídicamente suficiente y conocer: Qué bienes fueron efectivamente transferidos al patrimonio fiduciario. Si el terreno forma parte del fideicomiso. A qué cuenta ingresarán las cuotas. En qué condiciones se liberará dinero para la obra. Qué controles y rendiciones existen. Qué sucede si el proyecto no alcanza el punto de inicio. En qué orden se pagará a compradores, financiadores y demás acreedores. La palabra “fideicomiso” no equivale automáticamente a inversión garantizada. Su protección depende de los bienes incorporados y de las reglas del contrato. La Ley Nº 921 establece que solamente pueden actuar como fiduciarios los bancos, financieras y empresas fiduciarias especialmente autorizadas por el Banco Central del Paraguay. Los bienes transferidos forman un patrimonio autónomo destinado a la finalidad acordada. Por ello, también debe verificarse que el fiduciario figure entre las entidades supervisadas por el BCP. 9. Leer las condiciones de salida antes de entrar El comprador debe saber qué ocurrirá si necesita cancelar o transferir su posición antes de la entrega. El contrato debería regular: Causales de rescisión. Porcentaje que puede retenerse. Plazo de devolución. Actualización o moneda del reembolso. Posibilidad de ceder el contrato a un tercero. Comisión por cesión. Consecuencias de atrasarse en las cuotas. Destino de las sumas pagadas si el proyecto no comienza. La Ley de Defensa del Consumidor reconoce el derecho a recibir información clara y a obtener el producto o servicio en el tiempo, cantidad, calidad y precio prometidos. También considera abusivas las cláusulas que limitan injustificadamente la responsabilidad del proveedor, permiten variar unilateralmente el precio o imponen arbitraje obligatorio. La publicidad engañosa está expresamente prohibida. Ley Nº 1.334 de Defensa del Consumidor. Por eso conviene conservar el folleto, los planos comerciales, la lista de amenities, los mensajes, correos, comprobantes y capturas de la publicidad con su fecha. Lo prometido durante la venta puede convertirse en evidencia relevante. 10. Prever la recepción, los defectos y la vida del edificio La entrega de llaves no debería confundirse con la aceptación automática y sin reservas. Es recomendable realizar una inspección técnica, elaborar un acta con fotografías y establecer un plazo para corregir defectos. También hay que solicitar anticipadamente el proyecto de reglamento de copropiedad y administración. Este documento determinará las reglas de convivencia, el uso de cocheras y amenities, las restricciones para alquilar, la distribución de gastos y las mayorías necesarias para tomar decisiones. Antes de comprar para inversión, conviene estimar expensas, mantenimiento, vacancia, impuestos, amoblamiento y competencia futura en la zona. Una renta anunciada por el vendedor es una proyección, no una garantía. Señales de alerta El comprador debería frenar y pedir asesoramiento si encuentra alguna de estas situaciones: Presión para pagar “hoy” antes de mostrar documentos. Pagos a cuentas personales o de terceros ajenos al contrato. Imposibilidad de identificar al propietario del terreno. Vendedor que no demuestra su vínculo con el dueño. Diferencias entre el folleto, el plano y el contrato. Modificaciones unilaterales sin límites. Fecha de entrega sin plazo máximo. Promesas de rentabilidad garantizada sin respaldo. Negativa a entregar una copia del contrato antes de la firma. Fideicomiso mencionado en la publicidad, pero no documentado. Un último control puede evitar años de conflicto La compra en pozo no tiene por qué ser una apuesta a ciegas. El riesgo puede reducirse cuando el proyecto cuenta con terreno jurídicamente saneado, permisos comprobables, una estructura financiera entendible y un contrato equilibrado. Antes de pagar, el comprador debería encargar la revisión a un abogado y un escribano independientes del desarrollador. El costo de ese control suele ser pequeño frente al valor del inmueble y a las consecuencias de un proyecto paralizado o de una unidad que no pueda escriturarse. Si la relación califica como una relación de consumo y el proveedor no responde, el comprador puede presentar un reclamo ante la SEDECO, adjuntando el contrato, comprobantes, publicidad y demás pruebas. La institución dispone de un formulario de reclamos y canales de orientación. Este artículo ofrece información general y no reemplaza el asesoramiento jurídico, notarial, técnico o financiero aplicado a un proyecto concreto.

En entrevista con El Inmobiliario, la Mgtr. Abg. Lourdes González Pereira, gerente superior del Registro Unificado Nacional, analizó los avances de sus primeros seis meses, el procesamiento de cerca de 250.000 trámites inmobiliarios y la hoja de ruta hacia una gestión integrada y digital. El Registro Unificado Nacional (RUN) atraviesa una etapa decisiva de su implementación. El organismo comenzó a operar el 14 de enero de 2026 con el propósito de integrar bajo una misma autoridad las funciones registrales, catastrales y de agrimensura que durante décadas estuvieron distribuidas entre distintas dependencias del Estado. Creado por la Ley N.º 7.424/2025 como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, el RUN absorbió las funciones de la Dirección General de los Registros Públicos, la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La reforma supone mucho más que un cambio de denominación. Su objetivo es unificar criterios técnicos, integrar bases de datos y simplificar la gestión de documentos que hasta ahora recorrían circuitos separados. Sin embargo, los primeros seis meses también permitieron dimensionar la complejidad de fusionar instituciones que pertenecían a distintos poderes del Estado y que históricamente trabajaron con sistemas, procedimientos y sedes diferentes. Una integración todavía en proceso Uno de los primeros avances fue la conformación de equipos de trabajo bajo una misma conducción institucional. La expectativa es que esta integración permita reducir contradicciones entre la información física del inmueble, administrada por Catastro, y su situación jurídica registral. Para los usuarios, el cambio más visible fue la habilitación de una mesa de entrada única para los trámites de Catastro y Registro de Inmuebles en la sede de kilómetro 5. Antes de la entrada en vigor del RUN, una misma gestión podía requerir presentaciones sucesivas ante el MOPC, el Servicio Nacional de Catastro y los Registros Públicos. No obstante, la unificación todavía no alcanza a toda la cadena interna. Parte de las documentaciones continúa pasando primero por la instancia catastral y luego por la registral, aunque el usuario pueda presentarlas en un mismo lugar. Además, las dependencias técnicas siguen funcionando en sedes separadas, lo que obliga a duplicar tareas y dificulta la coordinación cotidiana. El desafío inmediato consiste en convertir la mesa de entrada única en una gestión verdaderamente integrada: que el usuario presente el documento una sola vez y lo retire una vez concluidas las verificaciones catastral y registral, sin reingresos intermedios. Casi 250.000 documentos en seis meses Entre el 14 de enero y el 14 de julio de 2026, la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles recibió 249.924 documentos, según el resumen ejecutivo de servicios del RUN. De ese total, 221.407 documentos fueron expedidos, equivalentes al 88,59%, mientras que 28.517 permanecían pendientes de trámite, el 11,41%. La distribución por tipo de servicio muestra que: 123.336 entradas correspondieron a servicios registrales, el 49,35% del total. 78.493 fueron trámites catastro-registrales, el 31,41%. 48.095 correspondieron a servicios exclusivamente catastrales, el 19,24%. Estas cifras se refieren exclusivamente a la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles y no representan la totalidad de la actividad del RUN, que también comprende los registros especiales y el Registro del Automotor. Los tiempos siguen siendo el principal reclamo La celeridad continúa siendo el aspecto más sensible para escribanos, desarrolladores, empresas e inversores. El artículo 77 de la Ley del RUN establece plazos máximos de 15 días hábiles para certificados e informes; 30 días hábiles para solicitudes de inscripción o anotación de títulos notariales, judiciales o administrativos; y 10 días hábiles para la anotación de medidas cautelares. Uno de los cambios centrales fue la creación del certificado catastro-registral inmobiliario. Antes del RUN, el notario debía solicitar por separado un certificado catastral y un certificado registral de condiciones de dominio. Catastro no contaba con un plazo legal uniforme de expedición, mientras que el certificado registral tenía un plazo de 10 días corridos. El nuevo sistema concentra ambas verificaciones en un solo documento, con un plazo máximo de 15 días hábiles. En la práctica, sin embargo, las dificultades técnicas y operativas del periodo inicial elevaron el tiempo de respuesta a entre 20 y 25 días, de acuerdo con la información proporcionada a El Inmobiliario. También existe preocupación por el plazo aplicable a las inscripciones de títulos. El régimen anterior contemplaba 20 días corridos, mientras que la nueva ley establece hasta 30 días hábiles. La propia normativa faculta a la Corte Suprema de Justicia a reducir esos tiempos mediante acordada, a medida que mejoren las capacidades del sistema. De la mesa única al expediente electrónico Durante los próximos meses, la prioridad será incorporar más trámites a un circuito integrado. El propósito es evitar que un documento deba salir formalmente de Catastro para volver a ingresar en el área registral. El horizonte de mediano plazo es más ambicioso: transformar una gestión inmobiliaria que todavía se realiza mayoritariamente en papel en un sistema electrónico de principio a fin. La digitalización proyectada no consiste solamente en escanear documentos. El modelo plantea que los escribanos puedan remitir escrituras públicas electrónicas a un portal digital; que la calificación catastral y registral se realice por medios electrónicos; y que la toma de razón y el documento final también sean expedidos en ese formato. Según las estimaciones suministradas por la institución, alrededor del 90% de la gestión inmobiliaria todavía utiliza documentos físicos. Revertir esa proporción requerirá infraestructura tecnológica, interoperabilidad, adecuaciones normativas y coordinación con otras entidades que generan títulos y documentos, entre ellas el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. El RUN también deberá integrar bases de datos que fueron construidas con criterios distintos y en momentos diferentes. Esa interoperabilidad será fundamental para mejorar la integridad de la información, reducir discrepancias y avanzar hacia un Código Único de Identificación Catastral Registral para cada inmueble. Una consolidación proyectada entre tres y cinco años Las autoridades estiman que la consolidación institucional plena podría demandar entre tres y cinco años, siempre que exista continuidad en la planificación y disponibilidad presupuestaria. De acuerdo con la información proporcionada a este medio, el RUN inició sus operaciones sin un presupuesto específico propio y espera contar con una asignación diferenciada a partir de 2027. Esa disponibilidad será determinante para financiar plataformas tecnológicas, digitalización documental, infraestructura física y capacitación de funcionarios. La modernización del RUN tampoco resolverá por sí sola los conflictos históricos de la tierra en Paraguay. La superposición de títulos, las deficiencias de antiguas adjudicaciones y los problemas derivados de la administración de tierras públicas exceden el alcance de una reorganización administrativa y requerirán políticas de saneamiento de más largo plazo. Lo que el nuevo sistema sí puede aportar es información más consistente, mayor trazabilidad y criterios técnicos comunes. Estos elementos son relevantes para fortalecer la seguridad jurídica y reducir riesgos en operaciones de compraventa, financiación, loteamiento y desarrollo inmobiliario. Una prueba clave para el mercado Para desarrolladores e inversores, el valor del RUN dependerá de que la integración institucional se traduzca en previsibilidad. No basta con recibir los documentos en una sola ventanilla si los procesos internos permanecen fragmentados o si los plazos resultan inciertos. La institución mantiene canales de cooperación con la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI) y la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias (CAPELI), dos sectores directamente afectados por los tiempos y criterios del sistema. El balance de los primeros seis meses muestra capacidad para gestionar un volumen elevado de documentos y avances concretos en la unificación administrativa. Pero también confirma que el RUN sigue siendo una reforma en transición. El RUN forma parte de un proceso de transformación que ya muestra avances concretos en la integración de servicios y la unificación de criterios. A medida que su aplicación se amplíe y consolide, los usuarios encontrarán plazos más reducidos, información catastral y registral más precisa y una gestión con menos pasos. En los próximos años, estos cambios serán cada vez más visibles, con trámites más rápidos, mejores datos y procesos más simples, fortaleciendo la seguridad jurídica y el funcionamiento del mercado inmobiliario paraguayo.

A casi una década de la llegada de INARCO a Paraguay, Loreto García-Huidobro analiza el auge inmobiliario local, las lecciones de Chile y Perú, y los desafíos de financiamiento, acceso a la vivienda e infraestructura que marcarán los próximos años. Loreto García-Huidobro, Gerente de Negocios Internacionales de INARCO En el proceso de internacionalización de INARCO, Loreto García-Huidobro ocupa un papel central como gerente de Negocios Internacionales del grupo. Ingeniera civil y proveniente de una familia históricamente vinculada a la construcción y al sector inmobiliario en Chile, inició su trayectoria profesional en el sector público chileno, donde participó en la gestión de proyectos del programa Legado Bicentenario durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera. Tras realizar estudios en España, en 2015 se incorporó a INARCO, la empresa familiar, y comenzó a trabajar en el área inmobiliaria. Desde entonces pasó por distintas unidades de negocio del grupo, siempre ligada al sector, incluidos los desarrollos de renta y los centros de distribución en Chile. Con los años comenzó a apoyar también las operaciones internacionales, desempeñándose como vínculo entre Chile y Perú. En 2017, cuando surgió la iniciativa de ingresar al mercado paraguayo, acompañó a Fernando García-Huidobro en la puesta en marcha de INARCO Paraguay. Actualmente, García-Huidobro lidera el desarrollo inmobiliario internacional del grupo en Perú y Paraguay, aunque mantiene una participación mucho más directa en la operación paraguaya. En esta entrevista, repasa la llegada de INARCO al país, compara la evolución de los mercados inmobiliarios de Paraguay, Chile y Perú, y analiza los desafíos relacionados con el acceso a la vivienda, el financiamiento, la infraestructura urbana y el intercambio de información entre desarrolladores. También aborda las oportunidades del sector logístico y las condiciones que considera necesarias para sostener el crecimiento del mercado local durante los próximos años. ¿Qué oportunidades identificaron en Paraguay que los llevaron a ingresar al mercado local en 2017? Hay una anécdota que no es mía, sino de mi padre. A través de las Cámara de la Construcción de Chile, participó en una misión internacional donde conoció a empresarios paraguayos, y esas conversaciones le abrieron los ojos frente a las oportunidades del país. Hasta hace pocos años, Paraguay simplemente no estaba en el radar desde Chile. Pero empezamos a ver un país que crecía de manera sostenida, con un sistema tributario atractivo, estabilidad política y una construcción con peso real en el PIB nacional. Ahí surgió nuestro interés, sumado al espíritu emprendedor de nuestro socio fundador, que fue determinante para decir: "vamos a Paraguay". Vale la pena aclarar que, aunque nuestro origen está en la construcción, acá operamos como desarrolladora. Por eso nuestro inicio en Paraguay fue distinto al proceso de nacimiento y crecimiento que tuvimos en Chile y Perú. Compramos nuestro primer terreno en 2017, empezamos a operar en 2018 y en 2020 llegó la pandemia. Con eso basta para dimensionar el desafío: éramos una empresa nueva, con dos proyectos recién arrancados, enfrentando una crisis global. Fueron tiempos duros. Pero desde el primer día tuvimos algo muy claro, y se lo repetimos constantemente a nuestro equipo porque lo creemos de verdad: nosotros vinimos para quedarnos. No llegamos a explorar el mercado ni a probar suerte con un proyecto pequeño; nos proyectamos a largo plazo desde el inicio. La experiencia ha sido muy positiva, y la acogida por parte de los paraguayos también. Creo que nuestras culturas son bastante afines y tenemos mucho en común. Instalarse en un país nuevo siempre trae dificultades, y no hemos estado exentos de ellas, pero el balance general es muy positivo. Chile experimentó durante las décadas de 1990 y 2000 una profunda expansión de su mercado inmobiliario. Desde tu experiencia, ¿qué similitudes y qué diferencias observás entre ese proceso y el momento que atraviesa actualmente Paraguay? Voy a ser honesta: en 1990 yo tenía cinco años, así que esa etapa la conozco más por lo que escucho que por experiencia propia. Pero hay algo que sí puedo compartir, y es un patrón que se repite: todo empresario chileno que viene a Paraguay y vivió aquel auge llega con la misma frase: "esto es como ver al Chile de 1993, 1994 o 1995". Esa comparación no es casualidad. Chile atravesó un ciclo expansivo muy similar, y creo que acá vamos a ver algo parecido: es posible que en algún momento el ritmo se modere, porque ningún mercado crece de manera infinita, pero eso no significa que vaya a detenerse. Estas cosas son cíclicas, y las crisis externas terminan siendo parte natural del proceso, no un freno definitivo. Si Chile lo vivió y hoy es un mercado maduro, no veo por qué Paraguay no vaya a recorrer un camino parecido. Con operaciones en Chile, Perú y Paraguay, ¿cómo circulan las ideas, las innovaciones y las mejores prácticas entre los distintos mercados? ¿Existen conceptos que hayan nacido en un país y luego se hayan adaptado con éxito en otro? Sí, y creo que lo que lo hace posible es que tenemos una visión de grupo genuina, que viene de quienes estamos a cargo de la parte inmobiliaria internacional. La promovemos constantemente, invitando a que nos tratemos como un solo equipo más allá de las fronteras. Eso se traduce en el día a día: en nuestras reuniones de trabajo es habitual escuchar "en Perú se hizo esto otro" o "ojo que en Chile...". Como mencionaba antes, Fernando y yo somos el nexo inmobiliario entre Perú y Paraguay, y además formamos parte del directorio de la inmobiliaria en Chile. No tenemos un cargo operativo ahí, pero estamos muy al tanto de lo que se hace en cada unidad de negocio. Hay ejemplos muy concretos de esa circulación de ideas. En uno de nuestros proyectos anteriores en Paraguay trabajamos con un renderista peruano al que conocimos porque trabajó con nosotros en Perú. También trajimos de Chile los shafts de basura, algo que en su momento no se usaba acá y que hoy ya está más masificado. En Chile es una solución muy usada, y para nosotros se convirtió en un diferenciador que hoy comercializamos acá. Nuestro primer proyecto en Paraguay, de hecho, se diseñó en Chile, con un proyectista chileno, y hoy ya los arquitectos locales lo tienen incorporado. Tenemos mucha comunicación con el equipo paraguayo, que aprovecha y valora ese vínculo con la oficina en Chile: pide consejos, opiniones, y eso genera sinergias reales. Al final, tener operaciones en tres países no es solo una ventaja de escala: es tener tres laboratorios funcionando al mismo tiempo, y eso es algo que muy pocos players locales pueden decir que tienen. Desde una perspectiva regional, ¿cómo se posiciona hoy Paraguay frente a Chile y Perú en términos de oportunidades para desarrollar e invertir en proyectos inmobiliarios? Creo que hoy son países que están en distintas etapas. Voy a dejar a Perú un poco de lado, porque ahí operamos en un mercado enorme, donde nuestra parte inmobiliaria se enfoca en un nicho de clase media y media-baja, con proyectos pensados en su mayoría para ser asequibles mediante subsidios estatales. Lo que veo es que hoy, en Paraguay, hay un mercado inversionista impresionante: gente que llega de distintas partes del mundo y mira al país con muy buenos ojos para invertir. Y creo que eso no es casualidad, sino que responde a una combinación de factores que hoy hacen a Paraguay especialmente atractivo para desarrollar: la estabilidad política, un crecimiento económico sostenido y una certeza jurídica que da tranquilidad a quien viene a invertir desde afuera. A eso se suma una carga impositiva mucho más liviana que en otros países de la región, un factor que pesa muchísimo a la hora de decidir dónde poner un capital. En los casi diez años que llevamos en Paraguay, sí notamos avances en acceso y mejores condiciones de crédito hipotecario y, hoy, en la posibilidad de subsidio estatal, algo que hace unos años ni siquiera se mencionaba en las noticias ni en la calle. A partir de la experiencia de Perú, ¿qué lecciones podría aplicar Paraguay, que recién comienza a impulsar incentivos y medidas para facilitar el acceso a la vivienda de las familias de ingresos medios y medios-bajos? Yo aquí tomaría el ejemplo de Perú que tiene un sistema que Chile no tiene y que también podría replicar, en alguna medida. Claro, todas las culturas son distintas y eso lleva a acomodar las políticas públicas. Pero creo que, si bien estamos hablando de países que, dentro de Latinoamérica, son bastante estables... Iba a decir la frase y me empecé a reír porque, claro, Perú tiene esa particularidad: políticamente no funciona nada, pero económicamente no le afecta. Creo que es una particularidad muy peruana. En Chile, si un presidente no llega a término, la historia sería muy distinta. Lo que identificó Perú en su momento, y que pensaría que podría ser una oportunidad o un aprendizaje tanto para Chile como para Paraguay, es el tema de la informalidad. Como hay tanta informalidad y hay una base de la sociedad que no "figura en el sistema", toda esa base no tiene cómo acceder a la vivienda porque no tiene cómo demostrar ingresos. Perú armó parte de sus políticas públicas y de sus programas considerando esta informalidad. Y son programas muy exitosos, en donde, si yo no tengo cómo determinar mis ingresos, voy al banco, el banco me califica y me dice: "Demuéstrame durante X meses tus ingresos" y esto se determina en un plazo y un monto. Una vez que yo le demuestro que puedo pagar, ellos me dan el crédito hipotecario. Eso hace que haya mucha más posibilidad de acceso a la vivienda. Así, la posibilidad de darle a esta base de la pirámide el acceso a la vivienda me parece muy considerable. ¿Qué aprendizajes de tu paso por el sector público incorporaste a tu trabajo como desarrolladora inmobiliaria? Lo que más valoro de mi paso por el sector público es haber logrado dimensionar el verdadero tamaño del Estado, algo que desde el sector privado a veces cuesta entender: qué se le puede pedir, qué se puede esperar y cómo ajustar las expectativas en consecuencia. Tomar una decisión o avanzar en una inversión ahí era como mover el pie de un dinosaurio. Ese aprendizaje me sirve todos los días, sobre todo en los momentos en que nos topamos con aprobaciones municipales. En Chile existen muchas exigencias de mitigación para los proyectos inmobiliarios que, según el nivel de proyecto, involucra a muchas entidades estatales en su aprobación. Entonces uno aprende a ajustar expectativas: sabe que los plazos van a ser más largos y que no tiene sentido llegar con propuestas que se escapen demasiado de ciertos márgenes ya establecidos. También contás con experiencia en el área logística. ¿Qué aprendizajes de ese sector trasladás hoy a la planificación y ejecución de proyectos inmobiliarios? Cuando partimos con DLS, nuestra unidad de desarrollo logístico, hacíamos centros de distribución donde el activo era nuestro: lo administrábamos y se lo arrendábamos a terceros, principalmente pymes. Con el tiempo, eso fue mutando, y hoy lo que más hacemos son los built-to-suit (BTS): llega un distribuidor logístico, nos dice "necesito tal centro de distribución", y nosotros lo desarrollamos a la medida, buscando el terreno y ejecutando el proyecto. Y creo que esa lógica del BTS es justamente lo que más me llevo a la parte inmobiliaria: la disciplina de diseñar en función de una necesidad muy concreta, no de un producto genérico. En logística tienes que entender qué necesita ese distribuidor, en qué ubicación, con qué especificaciones, y con eso desarrollar. Esa misma exigencia la aplico hoy cuando pensamos un proyecto residencial: entender bien el perfil del comprador, qué está buscando, qué formato de vivienda tiene sentido para ese segmento, antes de definir el producto. Lo otro que me dejó la logística es una mirada mucho más rigurosa del financiamiento y del riesgo. Son proyectos muy apalancados, que exigen mirar con lupa la estructura financiera antes de comprometerse. Esa disciplina financiera la traslado directamente a cómo evaluamos cualquier proyecto inmobiliario hoy: mirar los números con la misma exigencia, sin dejarse llevar solo por el atractivo del terreno o la ubicación. Es un negocio que seguimos explorando en Paraguay, aunque acá el principal obstáculo sigue siendo el financiamiento de largo plazo. Pero es un nicho con mucho espacio para crecer y que nos encanta construir; es donde están nuestros metros cuadrados, nuestra expertise. Después de haber acompañado la expansión internacional de Inarco, ¿qué aprendizajes considerás más valiosos al ingresar a un nuevo mercado? ¿Qué errores conviene evitar? Creo que lo más importante es ajustarse a la cultura y a la idiosincrasia local. Es muy común que el extranjero llegue con la experiencia de años en otro mercado y diga: "esto resulta allá, esto es lo que hay que hacer", y no necesariamente es así. De hecho, muchas veces es todo lo contrario: hay cosas que funcionan distinto acá, que quizás con el tiempo vayan cambiando, pero que hoy funcionan así, y eso hay que aceptarlo. Hay otros tiempos y otras formas de hacer las cosas, y eso no significa que no se puedan ir sumando mejoras, pero siempre partiendo de esa base de respeto. Esto se lo digo como desarrolladora, pero también es algo que les repetimos constantemente a nuestros inversionistas, que hasta ahora son en su mayoría chilenos. Tienen que entender que esto no es Chile. Uno puede dar el ejemplo, puede decir "en Chile funciona así, ¿cómo funciona acá?", y a partir de ahí construir. El error más caro que he visto cometer en este tipo de expansiones no es el desconocimiento del mercado nuevo, sino la sobreconfianza en la fórmula que funcionó en el mercado de origen. Si tuvieras que proyectar el mercado hacia 2035, ¿cómo imaginás que habrá cambiado el sector inmobiliario paraguayo? ¿Qué tendencias pensás que marcarán esa transformación? Nosotros vamos a seguir acá, sin dudas. Diez años pasan rápido, y la verdad es que siento que recién estamos llegando: compramos nuestro terreno en 2017, así que en poco tiempo se cumplirá una década de trabajo en este país. Creo que hacia adelante hay que mirar más allá de Asunción, tener sensibilidad sobre lo que está pasando también en otras zonas del país, porque ahí probablemente esté buena parte del crecimiento futuro. Imagino que en diez años el mercado debería estabilizarse un poco, en el sentido de moderar este boom de tantas unidades en desarrollo simultáneo. Y espero que eso venga acompañado de avances regulatorios, sobre todo a nivel vial. Llama mucho la atención, desde la mirada de alguien que viene de afuera, que con la cantidad de desarrollos inmobiliarios que se están construyendo, todavía no haya medidas de mitigación ni mejoramientos de la vía pública para sostener ese crecimiento. Creo que hay algo que es clave, sobre todo para quien viene de afuera: mientras exista certeza jurídica, política, económica y tributaria, este mercado va a seguir creciendo. Los momentos complicados llegan cuando aparece la incertidumbre, algo que vivimos de cerca en Chile.

El mercado de centros logísticos del área metropolitana de Asunción alcanza actualmente 283.000 m², el menor stock entre las principales ciudades de la región. Sin embargo, factores como la energía competitiva, la maquila, el nearshoring y la estabilidad macroeconómica posicionan al país como uno de los mercados con mayor potencial de expansión. El mercado inmobiliario industrial y logístico paraguayo continúa siendo uno de los más pequeños de América Latina, aunque distintos indicadores muestran que se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y con un importante potencial de crecimiento durante los próximos años. Así lo señala un reciente relevamiento de JLL, que analiza la evolución del mercado industrial corporativo en Paraguay y lo compara con los principales mercados latinoamericanos. De acuerdo con la consultora, el área metropolitana de Asunción cuenta actualmente con 283.000 metros cuadrados de centros logísticos corporativos, el menor stock entre las ciudades relevadas en la región. El informe distingue cuatro segmentos dentro del mercado industrial: parques industriales, centros logísticos, centros de distribución y plantas industriales. Mientras los parques industriales reúnen múltiples empresas dentro de un mismo predio dotado de infraestructura común, los centros logísticos corresponden a desarrollos especulativos concebidos para albergar varios inquilinos y destinados principalmente al negocio de alquiler de espacios. Pese a su reducido tamaño, el mercado viene registrando un crecimiento acelerado. Desde 2015, el stock de centros logísticos aumentó 245%, mientras que la cantidad de parques industriales se duplicó, alcanzando actualmente 25 desarrollos, de los cuales el 84% se concentra entre los departamentos Central y Alto Paraná. El valor promedio de alquiler de los centros logísticos se ubica actualmente en torno a USD 5,6 por metro cuadrado al mes. La comparación regional refleja la diferencia de escala existente respecto a otros mercados. Mientras ciudades como São Paulo, Ciudad de México o Monterrey cuentan con varios millones de metros cuadrados de infraestructura logística, Asunción permanece al final del ranking con un stock considerablemente menor. Según JLL, la superficie promedio de los centros logísticos paraguayos alcanza los 18.000 m², con una antigüedad promedio de 13 años y unidades modulares cercanas a los 1.000 m². Además, el 34% del stock nacional se encuentra localizado en Mariano Roque Alonso, consolidando a esta ciudad como el principal polo logístico corporativo del país. El informe sostiene que el crecimiento del mercado industrial dependerá no solamente de la inversión privada, sino también del desarrollo de infraestructura pública capaz de acompañar la expansión del aparato productivo. En ese sentido, recuerda que Paraguay ocupa la posición 86 a nivel mundial en el Índice de Calidad de Infraestructura para el Comercio y Transporte elaborado por el Banco Mundial, con un puntaje de 2,5, situándose por debajo de varios países de la región. La consultora considera prioritario fortalecer la infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria, portuaria y energética para sostener el crecimiento del sector industrial y logístico. A pesar de estos desafíos, JLL identifica diversos factores que podrían acelerar la expansión del mercado durante los próximos años. Entre ellos destaca el bajo costo de la energía eléctrica en Paraguay, considerado uno de los más competitivos de América Latina para industrias intensivas en consumo energético; la estabilidad macroeconómica; el bajo nivel de desarrollo relativo del mercado, que ofrece espacio para nuevos proyectos; el creciente interés de desarrolladores e inversores internacionales; y la tendencia global hacia la relocalización de cadenas de suministro mediante estrategias de nearshoring. La consultora también identifica varios sectores con capacidad de generar nueva demanda de infraestructura industrial, entre ellos la maquila, la agroindustria, la logística regional, la industria química vinculada a proyectos como el amoníaco verde y nuevas actividades intensivas en energía, como los centros de datos. Si bien el potencial de crecimiento es elevado, uno de los principales desafíos para el mercado paraguayo será acompañar esa demanda con desarrollos de mayor escala. Mientras que en mercados más maduros de la región son habituales el promedio de unidades modulares que superan los 30.000 o incluso 50.000 metros cuadrados, el mercado paraguayo continúa desarrollándose con superficies considerablemente menores. Esto implica que el próximo ciclo de expansión requerirá inversiones significativamente superiores a las realizadas hasta ahora y una demanda empresarial capaz de absorber activos logísticos de gran tamaño. De acuerdo con el análisis de JLL, Paraguay todavía dispone de un amplio margen para sofisticar su mercado industrial. El desafío será transformar las ventajas competitivas del país, como la energía, la estabilidad macroeconómica y el régimen de maquila, en una demanda sostenida que permita desarrollar una nueva generación de infraestructura logística de escala regional.

La Dirección Nacional de Migraciones recibió 33.243 solicitudes de residencia durante el primer semestre de 2026. El volumen, considerado histórico por la institución, obligó a implementar un plan de contingencia para reforzar el procesamiento de los expedientes. El interés de ciudadanos extranjeros por radicarse en Paraguay alcanzó un nuevo máximo durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) recibió 33.243 solicitudes de residencia, un 62% más que las 20.567 registradas en el mismo periodo del año pasado. Del total, 27.024 pedidos correspondieron a residencias temporarias y 6.219 a residencias permanentes. En términos porcentuales, las solicitudes temporarias representaron el 81,3% de los trámites, mientras que las permanentes concentraron el 18,7%. La comparación interanual muestra que Migraciones recibió 12.676 solicitudes adicionales en apenas un año. La expansión resulta todavía más significativa al observar un periodo mayor: en el primer semestre de 2024 se habían registrado 13.611 pedidos, por lo que el volumen aumentó alrededor del 144% en dos años. Otro dato que refleja la magnitud del fenómeno es que las solicitudes presentadas hasta junio de 2026 equivalen a casi el 70% de las 47.687 recibidas durante todo 2025, año que ya había cerrado con un récord histórico. Un plan para evitar la acumulación de expedientes El crecimiento superó la capacidad operativa prevista y llevó a la DNM a poner en marcha un plan de contingencia. La medida contempla la extensión de los horarios de trabajo y la incorporación de jornadas laborales en días no hábiles. El refuerzo se concentra en el análisis documental, los controles migratorios, la verificación de los datos presentados y el procesamiento administrativo de los expedientes. El objetivo, según la institución, es reducir los tiempos de respuesta y evitar que el aumento de solicitudes provoque una acumulación de trámites. Migraciones señaló que el procesamiento debe realizarse sin disminuir los controles establecidos por la normativa ni los estándares de seguridad jurídica aplicados a cada expediente. Una señal para el mercado inmobiliario El crecimiento de las solicitudes constituye una señal relevante para el sector inmobiliario, debido a que una mayor cantidad de extranjeros con intención de permanecer legalmente en el país puede traducirse en nuevas necesidades de alojamiento, alquileres de mediano y largo plazo y, posteriormente, adquisición de viviendas o terrenos. La continuidad del crecimiento migratorio amplía la base potencial de demanda habitacional y plantea oportunidades para desarrolladores, propietarios y agentes inmobiliarios. También refuerza la necesidad de estudiar el perfil de los nuevos residentes, sus ciudades de preferencia, su capacidad de inversión y el tipo de vivienda que buscan. Durante 2025, Brasil encabezó ampliamente el listado de nacionalidades con residencias aprobadas, con 23.526 personas y una participación del 58%. Le siguieron Argentina, Alemania, Bolivia y España. Migraciones atribuyó el atractivo de Paraguay a factores como el régimen tributario, el costo de vida, la ubicación estratégica y las posibilidades para vivir, emprender e invertir. El volumen alcanzado en 2026 confirma que el proceso migratorio se convirtió en una tendencia que merece ser seguida también desde la perspectiva urbana e inmobiliaria.

Entre enero y junio de 2026 se registraron 715.372 movimientos de pasajeros en los aeropuertos incluidos en el reporte de la DINAC. La cifra supera en 83.558 personas a la del mismo periodo de 2025 y confirma el fortalecimiento de la conectividad aérea del país. El transporte aéreo de pasajeros mantuvo una trayectoria ascendente durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), entre enero y junio se contabilizaron 715.372 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, frente a los 631.814 registrados en el mismo periodo del año pasado. La diferencia representa 83.558 pasajeros adicionales y un crecimiento interanual del 13%. El informe del Departamento de Estadísticas de la Aviación Civil comprende operaciones regulares y no regulares registradas en los aeropuertos internacionales Silvio Pettirossi, Guaraní y de Pedro Juan Caballero. Las cifras corresponden a movimientos de pasajeros y no necesariamente a personas distintas, debido a que un mismo viajero puede ser contabilizado en diferentes operaciones de embarque y desembarque. Todos los meses cerraron con crecimiento El aumento se observó durante los seis meses analizados, aunque con diferentes niveles de intensidad. Enero encabezó el semestre con 132.398 pasajeros, un 19% más que los 111.460 registrados en el mismo mes de 2025. Le siguió marzo, con 127.220 pasajeros y un crecimiento del 17% frente a los 109.186 del año anterior. Febrero ocupó el tercer lugar por volumen, con 119.813 pasajeros. Posteriormente se ubicaron mayo, con 116.771; abril, con 116.562; y junio, con 102.608 pasajeros. En conjunto, enero, marzo y febrero concentraron 379.431 movimientos, equivalentes a aproximadamente el 53% del total semestral. Aunque todos los meses presentaron variaciones positivas, el ritmo de crecimiento fue moderándose. La expansión pasó del 19% en enero al 2% en junio. Este último mes superó por 2.014 pasajeros los 100.594 contabilizados en junio de 2025. Los vuelos regulares impulsaron el resultado Los servicios regulares concentraron 698.324 pasajeros, equivalentes al 98% del movimiento total del semestre. Los vuelos no regulares o chárter movilizaron 17.048 pasajeros y representaron el 2% restante. La comparación muestra que el crecimiento fue impulsado por las rutas regulares. Mientras estas aumentaron alrededor del 15%, los vuelos no regulares registraron una disminución interanual del 28%. En paralelo, la cantidad de movimientos de aeronaves llegó a 28.389 entre enero y junio, frente a 26.161 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento del 9%, con 2.228 operaciones adicionales. La DINAC también registró 134 frecuencias internacionales durante junio, 12 más que en el mismo mes del año pasado. Brasil y Argentina encabezan el movimiento de junio La distribución por países correspondiente a junio muestra que Brasil encabezó el tráfico con 22.741 pasajeros, seguido por Argentina con 21.588. También se destacaron las conexiones con Panamá, que movilizaron 19.246 pasajeros, y España, con 17.760. Estos cuatro mercados concentraron cerca del 79% del movimiento registrado durante el mes. El listado se completa con Perú, Chile, Uruguay, Colombia y Bolivia. Panamá cumple además un papel relevante como centro de conexiones hacia otros destinos internacionales, por lo que sus cifras no necesariamente representan el destino final de todos los pasajeros. Una conectividad que favorece la inversión Para el mercado inmobiliario, el crecimiento del tráfico aéreo representa una señal favorable de mayor conectividad y circulación de visitantes, profesionales, empresarios y potenciales inversionistas. Una oferta aérea más dinámica puede beneficiar segmentos como hoteles, alquileres temporales, oficinas. El resultado confirma que Paraguay está recibiendo y movilizando un volumen creciente de pasajeros. La continuidad de esta tendencia, acompañada por nuevas rutas e infraestructura aeroportuaria, será un factor relevante para el turismo, los negocios y la competitividad de los proyectos inmobiliarios vinculados con la conectividad internacional.

La Municipalidad remitió cerca de 100 notificaciones relacionadas con propiedades en desuso. Las intervenciones buscan mejorar la seguridad, eliminar riesgos sanitarios y acompañar la revitalización del microcentro. La Municipalidad de Asunción intensificó los controles sobre edificios y propiedades abandonadas del Centro Histórico. Como parte del operativo, la Policía Municipal de Vigilancia (PMV) ya remitió alrededor de 100 notificaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Cada procedimiento comienza con una inspección técnica. Los fiscalizadores labran actas, identifican la propiedad mediante sus datos catastrales y elaboran croquis y registros fotográficos. La documentación es posteriormente analizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos. Cuando corresponde, el intendente autoriza el ingreso al inmueble, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica Municipal. ¿Cómo impacta el abandono en el Centro? Los edificios desocupados y deteriorados generan un efecto que se extiende más allá de cada propiedad. Pueden aumentar la percepción de inseguridad, reducir la circulación peatonal, perjudicar a los comercios cercanos y acelerar la pérdida de valor del entorno. Su recuperación permitiría incorporar nuevamente estos espacios a la actividad urbana mediante viviendas, oficinas, comercios, hoteles, establecimientos gastronómicos o centros culturales. Esto podría aumentar el movimiento de personas durante más horas del día y fortalecer la demanda de servicios en el microcentro. La reactivación también tendría un efecto inmobiliario: reduciría la cantidad de propiedades ociosas y podría mejorar el atractivo de toda la zona para residentes e inversionistas. Limpieza y sanciones Las viviendas con patios abandonados, malezas o piscinas reciben un tratamiento especial por el riesgo de convertirse en criaderos de mosquitos. En estos casos, la Municipalidad notifica al propietario y le concede un plazo para poner la propiedad en condiciones. Si la intimación no es cumplida, la PMV puede ingresar con respaldo de una orden judicial, para realizar trabajos de limpieza y desinfección. Los costos operativos son remitidos al Juzgado de Faltas para el proceso sancionatorio. Las multas quedan registradas en la cuenta catastral y, de acuerdo con la comuna, deben cancelarse antes de concretar una venta o transferencia. Este procedimiento refuerza la importancia de verificar la situación municipal, catastral y tributaria de un inmueble antes de adquirirlo. Recuperación y patrimonio Un diagnóstico municipal realizado en 2021 había identificado 103 inmuebles abandonados y en mal estado dentro del Centro Histórico, además de 312 propiedades habitadas con conservación deficiente. En los edificios con valor patrimonial, cualquier restauración, modificación o demolición debe ajustarse a la Ley N.º 5621/2016 y contar con las autorizaciones correspondientes. Por ello, recuperar estos inmuebles no implica necesariamente sustituirlos, sino encontrar nuevos usos compatibles con su conservación. La reactivación de las propiedades ociosas podría favorecer la instalación de viviendas, oficinas, comercios, espacios gastronómicos, culturales y hoteleros. No obstante, además de controles, el proceso requerirá inversión privada, financiamiento e incentivos para la restauración. Las intervenciones forman parte del trabajo coordinado entre la Municipalidad y el Gobierno Nacional para recuperar el microcentro, mejorar la seguridad y poner en valor su patrimonio arquitectónico.